Edomex: 180 enfermos y 13 muertos por día en cuarentena, por la pandemia

¡Anótelo!.. Reconoce Del Mazo a personal hospitalario… 872 personas han fallecido por Covid-19… Alcaldes buenos, malos y peores… ¿Diputados seguirán ejemplo del Congreso en Guanajuato para despenalizar el aborto?..

Caló hondo el reconocimiento del gobernador Alfredo Del Mazo Maza para el personal que combate la pandemia por Covid-19, por el trabajo, la entrega y el esfuerzo con el que desempeña su labor como médicos, enfermeras, camilleros, quienes toman las muestras y están en los laboratorios, quienes atienden en primeros auxilios, así como a los que trabajan en las ambulancias, trabajadores sociales y recepcionistas de los hospitales de la entidad. Se había tardado, pero fue bien recibido. Sólo le faltó incluir a las afanadoras, al personal de limpieza y a los choferes, con quienes todos los mexiquenses tenemos una gran deuda.

El mandatario ya dijo que el retorno a las actividades no será inmediato una vez que pase el pico de la pandemia. Por lo pronto las cifras hasta las 20:00 horas de ayer, registraban 11 mil 523 casos positivos al virus SARS-CoV-2, de los cuales 2 mil 155 están en aislamiento domiciliario, mil 958 se encuentran hospitalizados en la entidad y mil 136 en otros estados. Lamentablemente 872 personas han muerto por esta causa en diversos municipios y 336 fuera del territorio. Esto de las cifras oficiales a causa del virus, sin considerar a los que no hicieron pruebas.

Entonces, hasta el día 64 del inicio de la cuarentena por la pandemia, en el Estado de México se registran en promedio 180 enfermos y 13 muertes por día, uno cada dos horas. ¿Qué parte no se ha entendido de que debemos cuidarnos y no relajar las medidas de prevención para que estas cifras no incrementen gravemente?

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Muchas quejas han surgido desde las redes sociales en contra de Pablo Iván Guadarrama Mendoza, a quien no se le ha visto en esta cuarentena. Así como el de Calimaya se aumentó el salario, la omisión del tenanguense también es grave. Contrario a sus homólogos de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez; de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar; de San Antonio la Isla, Lizeth Sandoval Colindres, quien incluso donó su salario y ha generado actividades para salvar a los artesanos, entre muchos ejemplos más. Claro, para los alcaldes que pretendan la reelección en 2021, con la vara que miden hoy, serán medidos por los ciudadanos.

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El presidente municipal de San Felipe del Progreso, Alejandro Tenorio Esquivel, anunció muy ufano que los miembros del cabildo decidieron donar tres quincenas de su salario para comprar despensas que serán entregadas a las familias más necesitadas del municipio. Dijo que hicieron cuentas y las despensas oscilaban entre los 50 y los 150 pesos, así que mejor entregarán 500 pesos a cada familia, que viene siendo el equivalente a tres despensas grandes. Es loable el sentido de solidaridad de los integrantes del ayuntamiento, pero quizá la idea de entregarle dinero en efectivo a la gente no sea del todo sana, porque muchos varones preferirán comprar pulque en lugar de frijoles o maíz.

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En el estado de Guanajuato, el más conservador del país, el aborto es castigado con penas que van de tres a 8 años de cárcel, bajo la figura de homicidio en grado parentesco. Junto con Querétaro, son las entidades que más lo castigan, sólo exime a las mujeres de responsabilidad cuando es consecuencia de una violación o si el producto del embarazo se pierde en un accidente. Eso nos da una medida de la importancia que adquiere el hecho de que los diputados locales hayan incorporado a la agenda legislativa la despenalización del aborto, a propuesta de la diputada María Magdalena Rosales Cruz, de Morena. Quizá esos buenos vientos pronto lleguen a tierras mexiquenses para que nuestros diputados analicen ese tema y otros que han guardado en la nevera como el de los matrimonios igualitarios.

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Del 20 de marzo al 20 de mayo jueces del Poder Judicial mexiquense, que preside Ricardo Sodi Cuéllar, han otorgado el beneficio de la pre liberación a 660 personas privadas de su libertad que se encontraban recluidas en centros penitenciarios; en algunos casos tuvieron que colocarles un brazalete electrónico. Entre los criterios para obtener este beneficio están el hecho de que el detenido cumpla una condena no mayor a seis años de prisión, que se trate de delitos culposos o patrimoniales, entre otros.

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